Abecé del Régimen de Rescate Empresarial

El COVID-19 no solo se ha llevado muchas vidas en el país, sino que también ha sido el culpable del cierre de muchos establecimientos y empresas. Según La Superintendencia de Sociedades, la entidad recibió solicitudes de 68 empresas para iniciar procesos de reorganización y liquidación, en el periodo comprendido entre el primero de abril hasta el 19 de mayo de 2020.


El Decreto Ley 560 del 15 de abril de 2020, expedido por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID-19, implementó unos beneficios tributarios para aquellas empresas que están en procesos de reorganización, con el fin de aliviar su flujo de caja y mitigar el riesgo de incumplimiento en los acuerdos de reorganización celebrados con sus acreedores.


Este decreto tiene la finalidad de crear un ecosistema de recuperación empresarial, que cobije la preservación de las empresas y afrontar la crisis por el COVID-19. El decreto estará vigente por (2) años y está sujeto a cuatro pilares:


-Acceso rápido y preferencial a mecanismos de reorganización, lo que implica que, los procesos de reorganización se realizarán sin la observancia de algunos requisitos que por ley se exigen para acceder a los beneficios de la reorganización, por ejemplo, la no auditoría del contenido y documentos aportados ni de la información financiera por parte del juez encargado de revisar el proceso concursal.
-Mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial que permiten incluir pactos para la refinanciación de las deudas, así como salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, por medio del aporte de capital nuevo de acreedores.
-Mecanismos de negociación de emergencia, que implican la posibilidad de solicitar ante un juez la negociación de acuerdos de reorganización con períodos de duración máximos hasta de tres meses.
-Beneficios tributarios cómo la exención a las retenciones o autorretenciones en la fuente y la exoneración de la obligación de liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020.

¿Quiénes pueden aplicar?

Le aplicarán a los deudores sujetos al Régimen de Insolvencia de la Ley 1116 de 2006, esto quiere decir que incluye a las personas naturales comerciantes y las jurídicas que no se encuentren excluidas de la aplicación del mismo, sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectados por la crisis empresarial ocasionada por la pandemia COVID-19.  

¿Ante cuáles entidades se puede solicitar el inicio de un proceso de insolvencia según esta ley?

Los afectados acogidos en el Régimen de Insolvencia empresarial de la ley 1116 de 2006, podrán llevar a cabo acuerdos de reorganización, ya se por el trámite de admisión a reorganización o de negociación en la Superintendencia de Sociedades o ante jueces civiles, asimismo, podrán iniciar el proceso en las Cámaras de Comercio.

¿En qué consiste la negociación de reorganización por categorías?

El afectado podrá elegir de acuerdo a la reorganización con una o varias categorías establecidas en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006.

Categorías:

-Laborales
-Entidades públicas
-Entidades financieras
-Internos
-Externos

Para este acuerdo sobre categorías deberá tener la aprobación en la mayoría de los votos admisibles de la categoría elegida. sin contar con los votos de los internos y vinculados.

¿Cómo se tramita la solicitud de admisión a los mecanismos de la Ley 560 de 2020?

Debes tener los documentos exigidos en la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias, después, el afectado o deudor, deberá acreditar que se ha visto afectado como consecuencia de la crisis económica causada por el COVID-19. Es importante mencionar que, al tratarse de un mecanismo de emergencia, el juez no realizará auditoría sobre el contenido o cumplimiento de las políticas contables, por lo que toda información suministrada será responsabilidad de la empresa, contador o revisor fiscal, de allí que, en caso de existir diferencias o violaciones al régimen de reorganización, el contador, la empresa o el revisor fiscal podrían ser responsables de multas por parte del respectivo juez o autoridad pública que efectúe la revisión.

¿Qué efectos tendrá para el deudor respecto a los procesos judiciales?

Mientras estén en términos de negociación, se suspenderán los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías en contra del deudor.

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